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Repudio a la aplicación del “2 por 1”
Comunicado oficial de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

La Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata manifiesta la profunda preocupación ante los recientes fallos de la Corte Suprema, que en un caso, habilitan la prisión domiciliaria para genocidas, estableciendo que el único motivo de denegación sería cuando acrediten un peligro de fuga; y en otro caso, consideran aplicable el “2 por 1” a los condenados por delitos de lesa humanidad, restituyendo una norma que estuvo vigente sólo entre 1994 y 2001, y contrariando la jurisprudencia de la propia Corte amparada en la legislación internacional de los derechos humanos.

En este escenario, preocupa también el fallo de Casación por el cual se otorgaría la prisión domiciliaria a Etchecolatz; y el llamado a la “reconciliación” con los genocidas, que promueve el Episcopado de la Iglesia católica, luego de ocultar la verdad con silencios, sin dar información sobre los desaparecidos ni sobre los nietos apropiados, y de haber participado de las gravísimas violaciones a los derechos humanos bajo la implantación del terrorismo de estado en nuestro país.

El esfuerzo y la lucha sostenida por los organismos de derechos humanos y las organizaciones querellantes para obtener justicia frente a esos crímenes, se desvanece al enfrentar decisiones como las que tomó la Corte Suprema, que vuelven ficticio el proceso de juzgamiento a los genocidas y denotan una Amnistía encubierta. Entendemos que estas acciones, sumadas a los discursos negacionistas respecto del genocidio provocado por la última dictadura cívico-militar, sientan un precedente, marcan un retroceso en las conquistas y atentan contra los procesos colectivos de reconstrucción de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, que han llevado a que esta Universidad se constituya en querellante de los Juicios por delitos de lesa humanidad y desarrolle un conjunto de políticas reparatorias contra la violencia institucional, la impunidad, el horror y el olvido.

Precisamente en nombre de esas políticas y del posicionamiento institucional en defensa de los derechos humanos, entendemos que no es posible una reconciliación sin justicia, y exigimos al Estado el cumplimiento de las obligaciones de sancionar y hacer efectivas las condenas a genocidas, reafirmando así nuestro compromiso con la profundización de la democracia, contra la impunidad y por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y ello sólo es posible defendiendo los derechos conquistados para garantizar el “Nunca Más.”

La Plata, 4 de mayo de 2017.

Actualizado: 05/05/2017 10:13
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